La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) y el Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. Tienen una “autoridad casi ilimitada para registrar y confiscar los dispositivos de los viajeros en la frontera”.
Las políticas de las agencias permiten a los oficiales buscar dispositivos con fines generales de aplicación de la ley, como investigar y hacer cumplir las leyes de bancarrota, ambientales y de protección al consumidor. Las agencias también dicen que pueden buscar y confiscar dispositivos con el propósito de compilar “evaluaciones de riesgo” o para avanzar en investigaciones preexistentes. Las políticas incluso permiten a los oficiales considerar solicitudes de otras agencias gubernamentales para buscar dispositivos de viajeros específicos.
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