La Cámara de Representantes de Malasia ha intensificado sus esfuerzos para hacer frente a los flujos de piratería dentro del país, modificando su proyecto de ley de derechos de autor para que sea más estricto con los infractores.
El proyecto de ley enmendado ahora es lo suficientemente amplio como para considerar a aquellos que también participan en el servicio de transmisiones pirateadas, y no solo a los que cargan y descargan. Por lo tanto, las aplicaciones de transmisión ilegal, los sitios web y otras herramientas (tanto de software como de hardware) ahora se considerarán infractores y estarán sujetos a la aplicación de la ley.
Ley de derechos de autor modificada de Malasia
Los países de todo el mundo que promulgan leyes para frustrar a los infractores de derechos de autor es algo común, pero el cambio real solo se verá si son tan estrictos y se implementan a la perfección. Y Malasia se ha comprometido a hacer eso.
Esta semana, la Cámara de Representantes del país del sur de Asia ha aprobado una enmienda a la ley local de derechos de autor, para ampliar su ámbito de aplicación y sanción. Las nuevas reglas ahora están en línea para enfrentar directamente la creciente amenaza de la piratería.
La primera sección de la ley se ocupa de la tecnología de transmisión, tanto de software como de hardware, que ayuda a “cometer o facilitar la infracción” de contenido protegido por derechos de autor. Cualquier fabricación, venta o alquiler (incluida la oferta, exposición o publicidad para la venta o alquiler), importación o exportación y/o posesión o distribución de tales tecnologías de transmisión se considerará ilegal y estará sujeta a acciones legales.
El término “tecnología de transmisión” se ha mencionado repetidamente en el proyecto de ley para presionar la postura de la nación contra los productos ilegales, que están ayudando a que prosperen los piratas de contenido. Cualquiera que sea sorprendido facilitando dichos servicios (directa o indirectamente) será multado con no menos de 10 mil ringgit (US$ 2377), con una pena máxima de doscientos mil ringgit (US$ 47 545).
También podría haber una pena de cárcel de hasta 20 años en los casos de delitos graves. La ley también advirtió a aquellos que utilizan la estructura corporativa como escudo para defenderse en estos casos, diciendo que cualquier delincuente relacionado con una persona jurídica considerará culpables a todos los que trabajan para la empresa a menos que demuestren que no tienen relación con el delincuente.
